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Dispone el sorteo del jurado del C. 264 (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital).
Fallos Penales de Interés General nº 72/2010: Administración fraudulenta - Atipicidad declarada en pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada - Denuncia por maniobras vinculadas al suceso primigenio – Improcedencia – Sobreseimiento. El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “A., N. y otros s/procesamiento” (causa 38.449) rta. el 5/3/2010 donde la Sala revoca los procesamientos y dispone el sobreseimiento de los imputados por los sucesos por los que fueran indagados con la mención de que la formación del sumario en nada ha afectado el buen nombre y honor del que gozaban. En el caso, respecto de algunos de los imputados, se precisó que más allá del acierto o desacierto de la anterior resolución en donde se los desvinculaba, independientemente del error fáctico o jurídico que pudiera contener, ello nunca puede hacerse valer en contra del imputado con el inicio de una nueva investigación por idéntico suceso. A su vez, en orden al resto de los imputados, precisaron que el pronunciamiento de atipicidad decretado por el tribunal oral también tenía incidencia a su respecto. En efecto, precisaron que cuando una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada concluyó que determinados comportamientos eran atípicos, también lo son aquellas conductas ulteriores inexorablemente vinculadas al suceso primigenio. En el caso, habiéndose descartado la tipicidad de la denunciada administración fraudulenta referida específicamente a la salida de bienes sociales a través de un documento de venta e hipoteca, es claro que la posterior iniciación de acciones judiciales con invocación y presentación de ése instrumento –ejecución hipotecaria y desalojo- no pueden dar lugar a conducta delictiva alguna. Por ello es que concluyen que corresponde, finalmente, sobreseer a la totalidad de los imputados. Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca. Citar: CCC., Sala V, en autos “A., N. y otros s/procesamiento” (causa 38.449) rta. 5/3/2010, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
reg. 30.188 causa 27.977 - Escobar, Diego Gustavo s/ defraudación c/ la administración pública -
Fallos Penales de Interés General nº 74/2010: Calumnias e injurias–Tipo penal-Ofensa proferida por legislador durante una entrevista radial-Atipicidad tras la reforma legislativa de la ley 26551 (B.O. 27/11/09)-Interés público-Inmunidad de opinión. El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “K., D. s/desestimación-calumnias e injurias” (causa n° 38.436) rta. 22/4/2010, donde la Sala destaca que la calumnia requiere como elementos indispensables la atribución de un delito de acción pública –concreto y circunstanciado-, que lo endilgado sea falso y que se adjudique a una persona determinada, esto implica que deba imputarse la ejecución de un hecho específico, que encaje en un tipo penal que suscite la acción pública y que vaya acompañado de los datos que posibiliten su individualización. En esta inteligencia destacan que el sub-examen se trata de una vaga atribución al querellante de presuntas defensas y reivindicaciones ideológicas formuladas hacia individuos condenados o sometidos a proceso por la comisión de delitos de lesa humanidad, lo cual no puede ser considerado como imputación de un hecho delictuoso y por ende, no se erige en calumnia. También señalan que en el caso el delito de injuria tampoco se configura, pues tal cuño legal ha sido modificado a partir de la promulgación de la ley 26551 (B.O. 27/11/2009-vale decir luego de la iniciación de esta causa penal-) que suministró otro texto a los artículos 109 y 110 del Código Penal y cuya aplicación al caso resulta imperativa por tratarse de una legislación que contiene disposiciones más beneficiosas que las vigentes al tiempo del hecho atribuido al querellado (art.2 C. Penal). En este sentido, resaltan que la benignidad se patentiza en la nueva ley al establecer que en ningún caso configurarán el delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público ni los calificativos que guarden relación con esos temas. Sentado ello, corresponde ponderar que las expresiones adjudicadas al legislador local D. G. K se produjeron en el marco de un programa radial de índole periodística, al tiempo en que el querellante Y aspiraba a convertirse en funcionario de la administración comunal. Es así que si bien K se encuentra amparado por la inmunidad de opinión a que alude el artículo 78 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, disposición análoga al art.68 de la C. Nacional, el desempeño de los legisladores se vincula, juntamente con el cumplimiento de la función legislativa, al ejercicio del control de los actos de gobierno (CSJN Fallos 328:1893 considerando 7) y el elemento espacial –expresiones fuera del recinto- no resulta decisivo para juzgar si ciertas opiniones formuladas fuera de la legislatura quedan impunes o no, pues la protección constitucional alcanza a las manifestaciones de los legisladores ante la prensa (CSJN Fallos 327:138 considerando 24), debiendo ponderarse también que, al menos en el sub exámen se suscitan hesitaciones en torno a si lo vertido por el imputado guarda un nexo directo con la función legislativa que desempeña, puesto que si no se advierte el vínculo (ligamen legislativo) esas expresiones en nada se diferenciarán con las emitidas por cualquier ciudadano, precisamente porque fueron expresadas fuera del parlamento y sin estar desempeñando la función legislativa. Inclusive puede sostenerse que el asunto sobre el cual transitaba la entrevista radial revestía interés público al versar sobre aspectos del candidato a ocupar un cargo en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extremo que permite afirmar que no se ha configurado una injuria en los términos previstos por el vigente artículo 110 del Código Penal. Destacan también que cabe reconocer una distinción cuando las ofensas tienen lugar entre sujetos privados respecto de aquellas que se verifican en un contexto de interés general, estrechamente vinculado al funcionamiento del sistema democrático y la idoneidad y honorabilidad de los funcionarios públicos, entendiéndose que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático (CIDH “Kimel c/República Argentina” rto.2/5/2008, publicado en LL 2008-C-686) habiendo un diferente umbral de protección cuando las actividades de los sujetos salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el ámbito del debate público, lo cual no se asienta en la calidad del sujeto sino en el interés público de las actividades que realiza. Agregan que en apoyo de esta posición ha sostenido la Corte Federal que el retraimiento de este carácter absoluto, mediante el reconocimiento de excepciones a la prohibición del artículo 68 de la C. Nacional, haría peligrar el aseguramiento del más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o materias de interés público, como garantía esencial del sistema republicano (CSJN Fallos 328:1893 considerando 8), pues en temas de trascendencia pública es necesario que salgan a la luz todos los hechos y opiniones posibles para que el pueblo pueda formarse su propia opinión. De tal suerte, concluyen que con la modificación introducida mediante la ley 26551, al menos desde la perspectiva criminal, resulta atípico el hecho analizado, al establecerse que las expresiones cuestionadas aluden a temas que revisten un interés comunitario y que trascienden por los medios de prensa, y por ello, sin perjuicio de otro tipo de acciones que el interesado crea con derecho a enderezar en la sede respectiva, se confirma la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito. Cabe destacar que con relación a este mismo tema les fue enviado el Fallo de Interés General nro. 16/2010 el día martes 23 de febrero de 2010. Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca. Citar: CCC., Sala VII, en autos “K., D. s/desestimación-calumnias e injurias” (causa n° 38.436) rta. 22/4/2010, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
DAÑOS Y PERJUICIOS.CONDENA SOLIDARIA .ESTADO PROVINCIAL.(PCIA.BS.AS).ACUERDO DE PAGO ENTRE ACTORA Y COMPAÑÍA DE SEGUROS. POSTERIOR ACCIÓN DE ÉSTA CONTRA ORGANISMO PROVINCIAL CONDENADO AL PAGO CONFORME PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LEY DE EMERGENCIA PROVINCIAL 11.192 Y SU REGLAMENTACIÓN.RECHAZO DE LA EXCLUSIÓN DE DICHA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO.SUBROGACIÓN DE CARÁCTER LEGAL.COSA JUZGADA.FD.1124.SALA SEGUNDA.Expte.11.057,sentencia del 6 de octubre de 2009.Mas INFO en titulado del documento.
Fallos Penales de Interés General nº 82/2010: Prohibición de declarar – Nulidad. Disidencia: Validez. El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad en autos “D. C., L. M. s/defraudación” (causa nº 39.089) rto. el 28/05/2010 donde, por mayoría conformada por las Dras. González y Garrigós de Rébori, se declara la nulidad de las declaraciones testimoniales prestadas por el abuelo materno en contra del imputado. Destaca la mayoría que el objetivo de la prohibición de declarar en contra del imputado radica en la necesidad de mantener la cohesión de la familia en su amplia composición con lo que, la necesidad de una recta administración de justifica mediante el descubrimiento de la verdad, debe ceder. Que también los posibles conflictos interpretativos que puedan plantearse en la aplicación de la norma y en la fijación de sus límites, deben resolverse teniendo en cuenta las mismas reglas. Agregan que en el caso en estudio ambos convivían en virtud del deceso de la madre y de un padre desconocido y que si bien existe un parentesco por consaguinidad de igual grado entre el imputado y su tía abuela damnificada respecto del testigo, ésta última al momento de las declaraciones cuestionadas había fallecido. Por su parte, en el voto en disidencia, el Dr. Pociello Argerich sostiene que las declaraciones cuestionadas son válidas, realizando todo un análisis de las prescripciones contenidas en los arts. 242 y 243 del C.P.P.N. y concluyendo que las previsiones de éste último artículo no resulta aplicable en la especie. Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca. Citar: CCC., Sala V, en autos “D. C., L. M.”, (causa nº 39.089) rto. el 28/5/2010, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Dispone acumular en el C. 240 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital -Sala IV-) la nueva vacante producida en la Sala II del mismo tribunal.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.UNIVERSIDAD.CONCURSO.RECURSO ART.32 LEY 24.521.FD.1167.SALA TERCERA.Expte.16.350,resolución del 17 de junio de 2010.RECHAZO DE CADUCIDAD.APLICACIÓN PLAZO DEL ART.25 IN FINE LEY 19.549.PRECEDENTES SALA III CFALP.APLICACIÓN PRINCIPIO DE INFORMALISMO EN LAS IMPUGNACIONES ADMINISTRATIVAS.PRINCIPIO PRO ACTIONE FRENTE A LA DUDA RAZONABLE A FAVOR DEL ADMINISTRADO.Mas INFO en titulado del documento.
Dispone que en el C. 240 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital) se acumule la nueva vacante producida en la Sala I.
Fallos Penales de Interés General nº 99/2010: Insubsistencia de la acción penal – Rechazada – Prescripción – Rechazada - Plazo razonable - Parámetros de mensuración - Delito grave y proximidad del juicio oral. El fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos “S., C. A. s/nulidad-torturas” (causa nº 38.541) rta. 29/4/2010, donde la Sala confirma el rechazo de la pretendida nulidad del auto de elevación a juicio y desecha el planteo de que existiría una insubsistencia de la acción penal en virtud del extenso tiempo que lleva la investigación. Destaca el Dr. Cicciaro que el caso presenta aristas que impiden acoger la solución propiciada por la defensa, pues son las circunstancias de cada caso las que deben computarse para resolver situaciones excepcionales como esta. Como parámetros de mensuración menciona el magistrado, por ejemplo que no podría invocarse en este caso el fallo “Kipperband” (CSJN 322:360 voto en disidencia) en orden a la presunción de que habrá de transcurrir un tiempo prolongado hasta la sentencia final, pues la causa se encuentra próximo el juicio oral y público y, además, bien puede disponerse la elevación del sumario al tribunal oral respectivo pese a la existencia de recursos pendientes (art. 353 CPC según ley 26373). A su vez, precisa que es imposible desatender la gravedad del hecho atribuido y la severidad de la pena contemplada en el requerimiento fiscal de elevación a juicio (privación ilegal de la libertad calificada y tormentos en concurso ideal) destacando que la Corte, en situaciones análogas, no sólo ponderó el tiempo de duración del proceso, sino expresamente cual era el delito en trato. (C.S.J.N. “Bobadilla” (Fallos 332:2604). Agregó que, por otro lado, en el caso “Egea” (Fallos 327:4815) nuestro máximo tribunal sostuvo que si bien la duración del proceso pudo reputarse excesiva, la imputación obedecía a un delito sensiblemente inferior en su monto punitivo, sin que se vislumbrara una sentencia a corto plazo, situación similar a la suscitada en el caso “Barra” (Fallos 327:327) en cuanto a que se trataba del delito de defraudación por administración fraudulenta, y en el caso “Podestá” (Fallos 329:445) donde se ventilaban condenas por fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Por último, concluye en que sería impertinente declarar insubsistente la acción penal en el caso que tratan, desde que la penalidad máxima prevista para el concurso de delitos endilgado (veinticinco años de privación de libertad), en modo alguno puede importar la comisión de un delito de leve o siquiera de media entidad. Además, destaca que, como bien señaló el Fiscal de Cámara en la audiencia oral, Dr. Solimine, la C.I.D.H. en “Bayarri” ha señalado que el Estado debe concluir el procedimiento penal iniciado y resolverlo en los términos que la ley prevea. En su voto, el Dr. Divito agrega que si bien es cierto que la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable se ha visto en cierto modo menoscabada por la muy prolongada instrucción de la causa, no es menos cierto que las particularidades del caso imponen homologar lo decidido en primera instancia, pues no ha operado la prescripción de la acción penal y el hecho, considerado especialmente grave, será juzgado en un lapso más o menos breve. Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca. Citar: CCC., Sala VII, en autos “S., C. A. s/nulidad-torturas” (causa nº 38.541) rta. 29/4/2010, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
PAGO POR CONSIGNACIÓN.(ART.758 DEL CÓDIGO CIVIL).SERVICIO ELÉCTRICO.CONEXIÓN CLANDESTINA.FACTURACIÓN.RECONVENCIÓN.TÍTULO DE DEUDA.FD.1158.SALA PRIMERA.Expte.15.809.resolución del 22 de marzo de 2010.IRREGULARIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE NO EXIME DE RESPONSABILIDAD ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.BUENA FE.ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.NUEVA FACTURACIÓN.
PAGO POR CONSIGNACIÓN(ART.758 CÓDIGO CIVIL).SERVICIO ELÉCTRICO.CONEXIÓN CLANDESTINA.FACTURACIÓN.RECONVENCIÓN.TÍTULO DE DEUDA.FD.1158.SALA PRIMERA.Resolución del 22 de marzo de 2010.IRREGULARIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE NO EXIME DE RESPONSABILIDAD ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.BUENA FE.ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.NUEVA FACTURACIÓN.
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